EL CRÉDITO PÚBLICO EN LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO

 

EL TJUE RESPALDA LA FACULTAD DE ESPAÑA PARA LIMITAR LAS DEUDAS DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MECANISMO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. 

Por sentencia del 11 de abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dado fin al debate sobre la exoneración del crédito público en España.

    DIRECTIVA (UE) 2019/1023, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO. LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CRÉDITO PÚBLICO.

    Es bien sabido que la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, supuso grandes cambios para nuestra normativa concursal. La reforma de TRLC mediante la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, estableció tres principales novedades: la introducción de los planes de reestructuración; se reforma y facilita el procedimiento concursal, es especial, para las microempresas; y se modificó la exoneración del pasivo insatisfecho, más conocido como “la segunda oportunidad”.

    Así, se articula un procedimiento absolutamente novedoso que perseguía la EXONERACIÓN PLENA DEL DEUDOR PERSONA FÍSICA EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA. Un gran avance, en un primer sentido, fue establecer que dicha exoneración podría ser concedida a cualquier deudor persona natural, sea o no empresario (Art. 486 TRLC).  Para obtener tal “perdón” se requiere que el deudor de buena fe cumpla con los requisitos exigidos y circunstancias subjetivas tasadas en el artículo 487 TRLC. Esto supuso clarificar las condiciones de obtención del EPI, y nos otorgó mayor flexibilidad a los abogados concursales a la hora de solicitar, o en su caso conceder la citada exoneración.

    No obstante, desde un primer momento, en la práctica nos encontramos con un gran problema: el crédito público. Según el artículo 23. 4º de la Directiva (UE) 2019/1023 referido a las excepciones a la exoneración de deudas estableció lo siguiente: “4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, (…)”, a lo que el legislador español aplicó a las deudas por créditos de derecho público (Art. 489. 5º TRLC) entre otras. Esto supuso en la doctrina y jurisprudencia un firme debate en los últimos años, pues algunos tribunales españoles entendían que la no aplicación de la exoneración a la deuda pública contradecía la Directiva europea, pues entre las deudas tasadas por el artículo 23. 4º arriba mencionado, no se establecieron expresamente los créditos públicos. Debiendo tener en cuenta que el derecho nacional debe interpretarse conforme a la primacía del comunitario.

    SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

    Toda esta controversia finalizó el pasado 11 de abril, tras la Sentencia sobre el asunto C-687/22, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha avalado que los Estados miembros excluyan del beneficio de la exoneración de deudas créditos distintos de los previstos en la Directiva sobre insolvencia, tras la imposición de cuestión prejudicial por la Audiencia provincial de Alicante, respecto a dos personas físicas declaradas insolventes que pretendían la exoneración de una deuda con la AEAT, que ascendía a la cantidad de 192.366,21 euros.

    El TJUE apunta que la exoneración se considerará si está debidamente justificada, y según defiende, en el caso de la Ley 16/2022, objeto de transposición de la Directiva europea sobre exoneración de deudas y modificadora del TRLC, en su preámbulo se considera que las excepciones se basan “en la especial relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho”. Esto, por tanto, pone fin a la controversia y asienta la normativa española, que tantas dudas ha estado provocando en estos úlrimos años, sobre la exoneración del crédito público.

    En definitiva, según el artículo 489. 5º TRLC la exoneración no se extenderá a las deudas de crédito público insatisfechas, salvo:

    1.- DEUDAS CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (A.E.A.T.): podrán exonerarse máximo el importe de 10.000 euros por deudor.

        • 5.000 euros se exoneran íntegros.
        • Del resto se exonera el 50% hasta el máximo de 10.000 euros.

    2.- DEUDAS CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (T.G.S.S.): podrán exonerarse máximo el importe de 10.000 euros por deudor.

        • 5.000 euros se exoneran íntegros.
        • Del resto se exonera el 50% hasta el máximo de 10.000 euros.

    Hay que tener en cuenta que lLas deudas se exonerarán en orden en función de su antigüedad, es decir, los créditos más antiguos serán condonados en prioridad.

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