La Justicia permite cancelar más de 38.500 euros de deuda con Hacienda y la Seguridad Social mediante la Ley de Segunda Oportunidad
Actualidad jurídica | 20 de noviembre de 2026
Una reciente resolución de la Audiencia Provincial de Albacete refuerza la protección de los deudores de buena fe y confirma que la existencia de acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas empresariales no constituye, por sí sola, un impedimento para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
La sentencia, dictada el 9 de octubre de 2026 y difundida públicamente el 19 de noviembre, ha permitido a un particular obtener la exoneración de 38.521,56 euros de deuda pública que mantenía con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Hacienda y la Seguridad Social se opusieron a la cancelación de las deudas
El afectado había solicitado la exoneración del pasivo insatisfecho, mecanismo previsto en la legislación concursal para permitir que determinadas personas en situación de insolvencia puedan liberarse de sus deudas.
Sin embargo, tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social se opusieron a su solicitud alegando la existencia de acuerdos firmes de derivación de responsabilidad relacionados con obligaciones empresariales.
Inicialmente, el juzgado mercantil rechazó la exoneración.
No obstante, el deudor recurrió ante la Audiencia Provincial de Albacete, que terminó revocando la decisión y reconociendo su derecho a beneficiarse del mecanismo de Segunda Oportunidad.
El Tribunal Supremo exige acredita una conducta fraudulenta
La resolución aplica la doctrina establecida por el Tribunal Supremo durante 2026 sobre el artículo 487.1.2.º del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Conforme a esta interpretación, no resulta suficiente la mera existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad para impedir el acceso a la exoneración.
Para aplicar dicha causa de exclusión debe quedar acreditado que la derivación trae causa de una conducta fraudulenta equiparable a las merecedoras de una sanción por infracción muy grave.
En el asunto examinado, la Audiencia Provincial considera que no se había acreditado una conducta de esa naturaleza.
La importancia de este criterio es especialmente significativa para antiguos administradores de sociedades, empresarios y autónomos que arrastran deudas derivadas de actividades empresariales.
Más de 38.500 euros de deuda pública exonerada
Según la información publicada sobre la resolución, la Audiencia Provincial reconoce la exoneración de las siguientes cantidades:
14.972,40 euros correspondientes a la Agencia Tributaria.
23.549,16 euros correspondientes a la Seguridad Social.
En total, el deudor consigue cancelar 38.521,56 euros de deuda pública, además de determinados créditos bancarios incluidos en el procedimiento.
La resolución distingue entre los créditos públicos que pueden quedar exonerados y aquellos que continúan siendo exigibles.
Por tanto, no supone una cancelación ilimitada de las deudas con las administraciones públicas, sino la aplicación de los límites y criterios de clasificación establecidos por la legislación concursal y la jurisprudencia.
¿Qué supone esta resolución para los autónomos y administradores de empresas?
Esta decisión judicial confirma la importancia de analizar individualmente los acuerdos de derivación de responsabilidad antes de descartar la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
La existencia de deudas con Hacienda o con la Seguridad Social no significa necesariamente que el deudor quede excluido del procedimiento.
Resulta esencial examinar el origen de las obligaciones, la naturaleza de los créditos, las circunstancias que motivaron la derivación y la posible existencia de conductas fraudulentas.
La jurisprudencia está delimitando progresivamente el alcance de las causas de exclusión, evitando que se apliquen automáticamente a situaciones en las que no concurren los presupuestos legalmente exigibles.
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Las recientes resoluciones judiciales demuestran que la Ley de Segunda Oportunidad continúa evolucionando y que la correcta interpretación de la normativa puede resultar decisiva para quienes buscan superar una situación de sobreendeudamiento.
Nuestro despacho presta asesoramiento a particulares, autónomos y administradores de sociedades en materia de insolvencia, concursos de acreedores y exoneración del pasivo insatisfecho.
Porque tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social no significa, necesariamente, haber perdido el derecho a una segunda oportunidad.
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