El Tribunal Supremo pone límites a Hacienda: la prescripción de la responsabilidad tributaria puede comenzar antes de la declaración de fallido

Actualidad jurídica | 13 de noviembre de 2026

El Tribunal Supremo ha establecido un importante criterio jurisprudencial sobre la prescripción de la responsabilidad tributaria subsidiaria cuando el deudor principal se encuentra en concurso de acreedores.

En su Sentencia 545/2026, de 30 de abril, la Sala Tercera determina que la Administración tributaria no puede retrasar injustificadamente la declaración de fallido de una sociedad con el efecto de posponer el inicio del plazo de prescripción para reclamar sus deudas a terceros responsables.

Esta interpretación, reiterada posteriormente en las sentencias de 29 de mayo y 23 de junio de 2026, introduce una precisión de especial trascendencia para administradores sociales, responsables subsidiarios y profesionales que intervienen en procedimientos concursales.

El origen del conflicto: una deuda tributaria reclamada años después

El litigio tiene su origen en el procedimiento concursal de una sociedad mercantil cuya situación de insolvencia ya había sido constatada mediante un informe de la administración concursal de septiembre de 2014.

Dicho informe reflejaba un déficit patrimonial de 72.921,01 euros y señalaba la inviabilidad de la continuidad empresarial. La Agencia Tributaria tuvo conocimiento de estos datos durante la tramitación del concurso.

Sin embargo, no declaró fallida a la sociedad hasta septiembre de 2018 y posteriormente inició, en julio de 2019, un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria contra una de sus administradoras.

La cuestión jurídica fundamental consistía en determinar si la Administración podía tomar como referencia la fecha formal de declaración de fallido o si, por el contrario, debía computarse la prescripción desde un momento anterior en el que ya existían elementos suficientes para acreditar la insolvencia.

El criterio del Tribunal Supremo: prevalece la realidad de la insolvencia

El Alto Tribunal estima el recurso de casación y anula el acuerdo de derivación de responsabilidad.

Su razonamiento se fundamenta en la doctrina de la actio nata, conforme a la cual el plazo de prescripción debe comenzar cuando la Administración está jurídicamente en condiciones de ejercitar su acción.

En consecuencia, lo determinante no es exclusivamente la fecha en la que Hacienda declara formalmente fallido al deudor, sino cuándo dispone de información objetiva suficiente para constatar su insolvencia.

Con carácter general, el auto de conclusión del concurso que constata la insolvencia definitiva puede constituir el momento de referencia. Sin embargo, el Tribunal admite que este momento pueda adelantarse si durante la tramitación concursal existen pruebas fehacientes de dicha insolvencia.

En el supuesto enjuiciado, el informe de la administración concursal permitió acreditar que la Agencia Tributaria conocía la situación patrimonial de la sociedad con suficiente antelación, por lo que el retraso administrativo no podía justificar la prolongación del plazo para derivar la responsabilidad.

¿Qué establece la Ley General Tributaria?

El artículo 66 de la Ley 58/2003, General Tributaria, establece, con carácter general, un plazo de prescripción de cuatro años.

Por su parte, el artículo 67.2 regula el inicio del cómputo respecto de los responsables subsidiarios, mientras que el artículo 176 exige la previa declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios para proceder a la derivación.

La jurisprudencia de 2026 precisa cómo deben interpretarse estas disposiciones cuando existe un concurso de acreedores.

No se elimina la exigencia de declaración de fallido, pero tampoco se permite que una demora injustificada en su formalización sitúe el inicio de la prescripción exclusivamente en manos de la Administración.

Esta interpretación conecta directamente con el principio de buena administración y con la necesidad de evitar que los procedimientos de responsabilidad tributaria permanezcan abiertos indefinidamente.

Especial relevancia para los administradores concursales

La sentencia analizada se refiere específicamente a la responsabilidad subsidiaria de los administradores sociales prevista en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria.

No obstante, su razonamiento presenta un evidente interés para la responsabilidad tributaria de los administradores concursales regulada en el artículo 43.1.c) de la misma ley.

Este último precepto contempla determinados supuestos de responsabilidad subsidiaria derivados del incumplimiento de las obligaciones tributarias del concursado, distinguiendo entre obligaciones anteriores y posteriores a la declaración de concurso.

Desde una perspectiva jurídica, cabe defender que la doctrina jurisprudencial sobre el momento de constatación de la insolvencia puede proyectarse sobre estos supuestos, precisamente por compartir su naturaleza subsidiaria.

Debe advertirse, sin embargo, que el Tribunal Supremo no ha resuelto directamente en esta sentencia un supuesto de derivación de responsabilidad contra un administrador concursal al amparo del artículo 43.1.c). Su aplicación a estos profesionales constituye, por tanto, una línea argumental jurídicamente defendible, pero no una cuestión definitivamente resuelta por esta concreta sentencia.

La jurisprudencia posterior introduce una precisión importante

El criterio establecido en abril fue reiterado por la Sentencia 666/2026, de 29 de mayo, que también anuló una derivación de responsabilidad tributaria.

Sin embargo, la Sentencia 785/2026, de 23 de junio, desestimó el recurso de otro responsable subsidiario porque no quedó acreditada una situación de insolvencia jurídicamente relevante en una fecha anterior a la considerada por la Administración.

Esta última resolución resulta especialmente significativa: no basta con alegar que la empresa estaba en concurso de acreedores o atravesaba dificultades económicas.

Es necesario identificar y acreditar los elementos objetivos que permitan determinar cuándo la Administración pudo constatar suficientemente la insolvencia y, en consecuencia, cuándo estaba en condiciones de proceder a la derivación.

Consecuencias prácticas de esta doctrina

Estas resoluciones obligan a prestar especial atención a la documentación que integra los procedimientos concursales.

Los informes de la administración concursal, la valoración de la masa activa y pasiva, las comunicaciones de insuficiencia patrimonial y las resoluciones judiciales pueden convertirse en elementos esenciales para determinar la fecha de inicio de la prescripción.

En los procedimientos de derivación de responsabilidad resulta igualmente necesario revisar la fecha de exigibilidad de las deudas tributarias, las actuaciones recaudatorias realizadas, su eventual eficacia interruptiva y el momento en el que Hacienda tuvo conocimiento efectivo de la insolvencia.

La comprobación conjunta de estos extremos permitirá determinar si la derivación se ha producido dentro de los límites temporales legalmente establecidos.

Conclusión: Hacienda debe actuar dentro de los límites de la seguridad jurídica

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2026 refuerza una idea fundamental: las potestades de recaudación tributaria deben ejercerse con diligencia y respetando los plazos legales.

La declaración de concurso no determina automáticamente el inicio de la prescripción frente a los responsables subsidiarios, pero tampoco permite a la Administración retrasar indefinidamente el ejercicio de sus facultades cuando la insolvencia ya se encuentra suficientemente acreditada.

La clave está en determinar cuándo podía actuar Hacienda, y no únicamente cuándo decidió hacerlo.

Para los profesionales del Derecho Tributario y Concursal, esta doctrina ofrece un argumento relevante en la revisión y defensa de procedimientos de derivación de responsabilidad, particularmente cuando existen importantes diferencias temporales entre la constatación de la insolvencia y la actuación administrativa posterior.

Desde TASALEY ABOGADOS, como despacho especializado en el asesoramiento y la defensa jurídica, seguimos de cerca la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y su incidencia en los procedimientos tributarios y concursales.

Consideramos fundamental que los derechos de los contribuyentes y de los profesionales sometidos a procedimientos de derivación de responsabilidad sean respetados, especialmente cuando están en juego cuestiones tan relevantes como la prescripción, la diligencia administrativa y la responsabilidad patrimonial.

Nuestro compromiso es ofrecer un asesoramiento jurídico riguroso, actualizado y personalizado, analizando cada supuesto para garantizar la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes.

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