La Administración 100% digital: ¿Un cambio con obstáculos? Claves de la relación electrónica obligatoria

La transición hacia una administración completamente digital ha sido uno de los cambios más significativos en el derecho administrativo de los últimos años. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) sentó las bases para que la tramitación electrónica se convirtiera en la norma general. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de dificultades, generando un periodo de incertidumbre que ha afectado a empresas y profesionales.

La obligación de comunicarse por medios electrónicos

Desde la entrada en vigor de la LPACAP, el Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. establece claramente qué sujetos están obligados a interactuar con la Administración exclusivamente por vía telemática. Entre ellos se encuentran:

• Las personas jurídicas.
• Las entidades sin personalidad jurídica.
• Profesionales con colegiación obligatoria (abogados, procuradores, etc.) para los trámites realizados en ejercicio de su actividad.
• Quienes representen a un interesado que esté, a su vez, obligado a la relación electrónica.

Esta obligación, desarrollada por el Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, busca agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia.

El riesgo de la «subsanación»: un plazo que puede ser fatal

Aunque es un mecanismo rápido, el éxito del concurso sin masa depende de presentar una solicitud impecable. Es fundamental acreditar ante el juez, con la documentación precisa, tanto el estado de insolvencia como la insuficiencia de la masa activa, tal y como establece el Artículo 37 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Un análisis previo incorrecto o una solicitud mal fundamentada pueden llevar a la inadmisión del procedimiento o, peor aún, a la tramitación de un concurso ordinario con costes y consecuencias no deseadas.

La respuesta de los tribunales: un enfoque garantista en la transición

La entrada en vigor de estas obligaciones no fue inmediata para todos los aspectos de la administración electrónica. La Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general. de la LPACAP estableció un periodo de adaptación para herramientas clave como el registro electrónico.

Esta implementación escalonada generó dudas sobre la exigibilidad de la presentación telemática cuando los propios sistemas de la Administración no estaban plenamente operativos. Ante esta situación, la jurisprudencia ha jugado un papel crucial. Un ejemplo claro es la Sentencia 443/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que adoptó una postura protectora hacia el administrado. En su análisis, el tribunal consideró que durante el periodo transitorio, y ante las deficiencias del sistema, debía aplicarse la normativa anterior, que permitía la subsanación manteniendo la fecha de la presentación original.

Esta interpretación garantista ha sido fundamental para evitar que los ciudadanos y empresas sufrieran las consecuencias negativas de una transición digital que no fue instantánea.

¿Cómo puede ayudarte Tasaley Abogados?

Aunque el sistema de administración electrónica está hoy más consolidado, los procedimientos iniciados en los últimos años pueden verse afectados por esta compleja transición. Conocer no solo la ley, sino también cómo ha sido interpretada por los tribunales, es esencial para defender con éxito los derechos de nuestros clientes.

En Tasaley Abogados contamos con una profunda experiencia en derecho administrativo y en las particularidades de la tramitación electrónica. Entendemos los matices de la normativa y la evolución jurisprudencial que la ha moldeado. Si tu empresa se ha encontrado con problemas en sus comunicaciones con la Administración o tienes dudas sobre la validez de un trámite, en Tasaley Abogados podemos ayudarte a analizar tu caso y garantizar la seguridad jurídica de tus procedimientos.

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